Ante AIRD, presidenta de Procompetencia promueve gestión colaborativa con sectores productivos

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Desde la izquierda, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD; la presidenta de Procompetencia, María Elena Vásquez; y Richard Arostegui, tesorero de la directiva empresarial./Fuente externa.-

DIARIO PAÍS, SANTO DOMINGO.- María Elena Vásquez, presidenta del consejo directivo de la Comisión de Defensa de la Competencia (Procompetencia), ha ratificado este martes la decisión de seguir su gestión colaborativa con los sectores productivos nacionales.

En su comparecencia ante la directiva nacional de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con motivo del primer año del quinquenio, ha propuesto trabajar juntos por la concreción del sueño de una cultura de libre y leal competencia entre los agentes de los mercados para lograr eficiencia económica y más inversiones.

Añadió que ese objetivo se logrará cuando todos sean conscientes de las ventajas que redituará la equidad entre los operadores.

Opinó, además, que la educación debe ser la principal herramienta para erradicar las malas prácticas en las operaciones del mercado. Lograr es ese objetivo, aseguró, pasa por una gran alianza con el liderazgo nacional.

La funcionaria ha enfatizado que Procompetencia no es un órgano persecutor, ni apuesta a eliminar empresas, sino a prevenir y perseguir prácticas anticompetitivas.

Ha reiterado que la institución descentralizada del Estado es “la mejor aliada de todo el que produce, vende y compra en el país”.

Favoreció la idea de montar una mesa de trabajo con la AIRD para analizar la Ley General de Defensa de la Competencia (42 de 2008) y la necesidad de su reforma por parte del Congreso.

Limitación constitucional

De acuerdo a la servidora pública, Procompetencia se ve limitada en su alcance frente a las inconductas en los mercados por la falta de adecuación de la normativa legal. Ha dicho que la ley “es preconstitucional” en tanto es anterior a la Constitución de 2021, la cual garantiza una Estado social, democrático y de derecho.

En su disertación de 36 minutos, ha esbozado los logros y avances del primer año de gestión. Precisa que la rendición de cuentas, más que una obligación legal, es un compromiso moral.

Ha destacado 15 informes públicos no vinculantes, acuerdos de trabajo conjunto con academias, instituciones y gremios, capacitaciones al personal de la institución y de organizaciones de la sociedad civil y el estudio “El impacto de las ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia: el caso de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo”; participación en foros internacionales en Brasil, Paraguay, El Salvador, Panamá, entre otros.

Tras su exposición, algunos directivos expresaron inquietudes y formularon preguntas.

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